INFORMACIÓN RECOPILADA POR CNN EN ESPAÑOL
Bertha Zúniga no es ajena a las amenazas. Recuerda el día, hace años, en que ella y sus compañeros fueron perseguidos por atacantes armados con machetes en el oeste de Honduras. Un vehículo bloqueó su coche y sus pasajeros salieron con armas, intentando atacar al grupo. Lograron escapar, pero ese incidente no fue el primero, ni sería el último en el que Zúniga se enfrentaría a una amenaza violenta.
Ese encuentro se produjo poco más de un año después de que su madre, Berta Cáceres, una destacada activista por los derechos indígenas en Honduras, fuera asesinada en su casa en marzo de 2016, lo que llevó a Zúniga a asumir el liderazgo de su grupo, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).
Zúniga era una niña pequeña cuando su madre fundó el grupo para defender las tierras indígenas lencas de los intereses comerciales que, según las comunidades locales, las dañan y explotan.
La organización de investigación medioambiental y de derechos humanos Global Witness afirma que, en 2024, Honduras ocupó el sexto lugar en mortalidad de defensores del medio ambiente, con cinco casos.
En abril de 2013, Cáceres organizó un bloqueo de carreteras en la región de Río Blanco para impedir el acceso a la presa por parte de la empresa eléctrica Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA), propietaria y operadora del proyecto Agua Zarca. El bloqueo duró más de un año a pesar de los intentos de desalojo y los ataques violentos provenientes de las fuerzas de seguridad del Estado, militares y policías desplegados en la presa para brindar protección. Un soldado fue arrestado por el asesinato de uno de los activistas.
“Me di cuenta de que era una lucha mucho más agresiva que la que habíamos tenido en la historia del COPINH”, dice Zúniga a CNN. “Mi mamá siempre me llevaba a las comunidades, me hacía ver lo que pasaba y aprender allí en persona, pero se frenaba mucho. No quería que fuera a Río Blanco”.
Cuando Zúniga insistió en ir a la región, su madre le pidió que utilizara su segundo nombre y que no revelara de quién era hija.
El grupo de Zúniga ha estado en el centro de la lucha contra proyectos controvertidos como la presa de Agua Zarca, en el noroeste de Honduras, que ha sido suspendida y que, según activistas, le costaría el sustento al pueblo lenca. La comunidad local teme que la central hidroeléctrica del río Gualcarque destruya sus ecosistemas únicos y las zonas de producción agrícola de la comunidad, así como sus fuentes de alimentos y medicina natural. Pero las acciones de Cáceres contra el proyecto enfrentaron una fuerte oposición.
Cáceres sabía que su trabajo era peligroso y, desde pequeña, Zúniga aprendió a tomarse muy en serio su seguridad ante el temor de ser secuestrada. Alguien siempre debía acompañarla a la escuela y recogerla, incluso cuando ya era mayor. No tenía la libertad que tenían la mayoría de los niños.
El año anterior a su asesinato, Cáceres reunió a sus hijos adultos para hablar con ellos. “Nos dijo que cualquier cosa podía pasar en este país y que no debíamos tener miedo”, recordó Zúniga.
Un equipo de expertos legales internacionales que investigó el asesinato de Cáceres descubrió que no se trató de un incidente aislado, sino el resultado de una conspiración más amplia. Hasta la fecha, ocho personas han sido sentenciadas en relación con su muerte, incluyendo a exempleados de alto nivel de DESA. CNN no pudo a la empresa para obtener comentarios, pero previamente defendió la inocencia de sus empleados y por años ha negado cualquier conexión con el asesinato.
Entre las condenas más destacadas se encuentran el exejecutivo Roberto David Castillo Mejía, quien fue sentenciado a más de 22 años, y el exgerente ambiental de DESA, Sergio Rodríguez, quien fue sentenciado a 30 años. Ambos afirmaron ser inocentes.
Según informes anteriores de CNN, Castillo fue sentenciado por su papel como “coautor” del asesinato y Rodríguez fue declarado culpable como uno de los autores intelectuales del asesinato. En febrero, el poder judicial confirmó la sentencia de 30 años y se refirió a él como “instigador” del asesinato.
Gran parte de los recursos hídricos de Honduras se encuentran en territorio indígena, y el Gobierno suele conceder el acceso a esos recursos a grupos empresariales sin consultar adecuadamente a las comunidades indígenas locales. Los intereses corporativos en la región suelen tener como objetivo la extracción rápida de los recursos naturales de forma que se maximicen los beneficios económicos sin tener en cuenta los efectos sobre el medio ambiente y las poblaciones locales, afirma Laura Furones, asesora sénior de Global Witness.
“Estas poblaciones locales normalmente se benefician poco o nada”, dijo a CNN.
A lo largo de los años, se implementaron políticas gubernamentales que favorecían al sector privado y a las empresas que buscaban lucrar con los recursos naturales del país a fin de impulsar la economía tras su devastación por hechos como el huracán Mitch en 1998 y el golpe de Estado de 2009 que derrocó al entonces presidente José Manuel Zelaya.
