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Tribunal bogotano deniega suspensión provisional de detención domiciliaria de Álvaro Uribe

El Tribunal Superior de Bogotá denegó este lunes la solicitud hecha por la defensa del expresidente colombiano Álvaro Uribe de una medida provisional para suspender la detención domiciliaria del exmandatario, condenado en primera instancia a doce años de cárcel por fraude procesal y soborno en actuación penal.

El tribunal resolvió, ante las medidas cautelares solicitadas por la defensa del expresidente, «no decretar la medida provisional» y advirtió que ante esta decisión «no proceden recursos».

Sin embargo, esta corporación continúa estudiando de fondo la acción de tutela (recurso de amparo) interpuesta por los abogados de Uribe, que solicitan la libertad inmediata de su cliente.

«No se accederá a decretar la medida provisional solicitada, lo cual en manera alguna significa que a partir de esta providencia se desprenda el sentido del fallo que se vaya a emitir cuando se resuelva la presente acción, el cual deberá estar precedido de los elementos de juicio que en forma oportuna habrán de allegarse», explicó el tribunal.

El abogado Jaime Granados, que interpuso la acción de tutela este lunes, consideró en su recurso que la sentencia del pasado 1 de agosto «transgredió derechos fundamentales como la dignidad humana, el debido proceso, la presunción de inocencia y la libertad del doctor Álvaro Uribe Vélez».

En esa dirección, el equipo jurídico de Uribe, quien gobernó Colombia entre 2002 y 2010, pide que se amparen esos derechos y que se suspenda la ejecución de la sentencia mientras avanza el proceso de apelación.

Partido fundado por Uribe pide su libertad

El partido colombiano Centro Democrático, fundado y liderado por el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), presentó este lunes una acción de tutela (recurso de amparo) ante el Tribunal Superior de Bogotá en la que solicita la libertad inmediata del exmandatario, condenado a 12 años de cárcel domiciliaria por fraude procesal y soborno en actuación penal.

El documento sostiene que la sentencia que condenó en primera instancia a Uribe por un caso de manipulación de testigos «vulnera de manera directa y grave derechos fundamentales amparados por la Constitución» colombiana.

Según la organización política, su solicitud «se sustenta en la necesidad de garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales del partido Centro Democrático (opositor del Gobierno del izquierdista Gustavo Petro) y del afectado, quien es fundador, expresidente y líder natural» de la colectividad.



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