A pesar de la vigencia del “Estado de Excepción” en varias zonas del país, la extorsión continúa expandiéndose a nuevos territorios de Honduras.
Lejos de contenerse, esta actividad delictiva ha logrado extender sus redes hacia municipios y comunidades que anteriormente eran considerados libres de estas prácticas.
Reportes recientes indican que grupos criminales han comenzado a operar en pueblos pequeños y zonas rurales, donde la presencia de las autoridades es limitada.
Comerciantes, transportistas y productores han comenzado a recibir amenazas y exigencias de pago bajo intimidación, afectando la economía local y generando temor en la población.
Esta situación plantea serios desafíos para la estrategia de seguridad nacional, ya que la dispersión del delito complica su control. Mientras tanto, las víctimas claman por acciones efectivas que les devuelvan la tranquilidad y garanticen el libre ejercicio de sus actividades sin ser blanco de la criminalidad.
