El Gobierno argentino apeló el jueves ante la Justicia de Estados Unidos el fallo del 30 de junio que obligaba al país a entregar el 51% de sus acciones en la petrolera YPF a unos inversores que demandaron al país tras la nacionalización de la empresa.
La medida judicial fue presentada ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, según un documento oficial.
La jueza de distrito estadounidense Loretta Preska ordenó a fin de junio a Argentina transferir sus acciones de YPF en un plazo de 14 días para cumplir parcialmente una sentencia judicial anterior por 16.100 millones de dólares contra el país por la nacionalización de la empresa en 2012.
El fallo se refiere a la nacionalización por parte de Argentina en abril de 2012 del 51% de YPF, que estaba en manos de la española Repsol, con el argumento de una supuesta falta de inversión por parte de la empresa.
Dos inversores, Petersen Energía Inversora y Eton Park Capital Management, representados por la firma de financiación de litigios Burford Capital, iniciaron una demanda contra el país y en septiembre de 2023 Preska falló a favor de ellos con una sentencia por 16.100 millones de dólares incluyendo intereses.
Desde entonces, Argentina ha estado apelando esa decisión de Preska.
YPF es la petrolera más grande del país y lidera las actividades de exploración y explotación en la formación Vaca Muerta, la segunda reserva de gas no convencional del mundo y la cuarta de petróleo.
Tras el fallo, el presidente argentino Javier Milei dijo que apelaría la medida en todas las instancias necesarias «para defender los intereses nacionales».
Las acciones de YPF caían el jueves 2,31% en la bolsa de Nueva York y 3,59% en la de Buenos Aires.
La causa
La demanda “madre” de este caso tiene que ver con la expropiación de YPF, que realizó el gobierno de Cristina Kirchner en 2012. En 2023 y luego de ocho años de juicio, Preska declaró al Estado culpable de mala praxis expropiatoria y lo condenó a pagar USD 16.000 millones, principalmente a Burford Capital, es estudio que compró los derechos a litigar del caso a empresas que aseguran haber sido perjudicadas por la decisión.
