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España: Obispos dan luz verde a plan que contempla indemnizaciones a las víctimas de abusos

La Conferencia Episcopal ha dado luz verde a desarrollar un plan que contempla indemnizaciones económicas a las víctimas de abusos sexuales, incluso aunque no haya una sentencia judicial. El plan tendrá, al menos, tres ejes: la atención a las víctimas, la prevención y la reparación integral, que incluye tanto la psicológica, como la social, la espiritual y la económica.

Los obispos han aprobado por unanimidad un proceso de trabajo para desarrollar un Plan de reparación integral de víctimas de abusos sexuales. Así lo ha dicho este viernes el secretario general de la Conferencia, César García Magán, quien ha añadido que contempla indemnizaciones económicas a las víctimas de abusos, tanto si hay sentencia judicial como cuando no la haya, bien porque el abusador haya fallecido o porque el caso haya prescrito.

En estas situaciones, la Iglesia estudiará caso a caso y «si hay una convicción moral de que ha habido abuso sexual», determinará la indemnización a la víctima. 

Quién pagará las indemnizaciones

Preguntado por la cuantía, García Magán ha dicho que la CEE aún no ha calculado un fondo y ha explicado que si existe una sentencia judicial, esta establecerá la cantidad a pagar. Lo que sí ha indicado es quién asumirá el pago: serán los victimarios o, en su caso, las instituciones implicadas (diócesis o institutos de vida consagrada) pero, «en principio», la Conferencia Episcopal no.

De esta manera, la Iglesia se desvincula del fondo de reparación propuesto por el Defensor del Pueblo en su informe sobre la pederastia en la Iglesia, tal y como ya advirtieron en su día. «Lo que decimos es que si se crea un fondo para todas las víctimas, participaremos, pero si es solo para las víctimas de la Iglesia, lo gestionaremos nosotros», ha subrayado el portavoz de los obispos.

Así, durante esta semana de reunión de la Asamblea Plenaria, los obispos han aprobado por unanimidad «el íter» de trabajo que ha presentado el servicio de coordinación de las Oficinas de Protección a los Menores, que cuenta con tres líneas de actuación: la atención a las víctimas, la prevención y la reparación integral, que incluye todas las perspectivas, desde la psicológica a la espiritual y también la económica.

«Lo antes posible»

No hay plazo para la puesta en marcha de este plan, que se hará «lo antes posible», ha dicho García Magán.

Los obispos han aprobado también un mensaje centrado en las víctimas, a las que piden perdón de manera «explícita, clara y directa».

Este anuncio se produce pocos días antes de la reunión de todos los obispos de la CEE con el papa Francisco en Roma, una reunión que -insisten los prelados- tiene por objeto conocer el resultado de la visita a los seminarios. «Es un hecho singular y no ocurre todos los días que el papa convoque a un episcopado, pero el cardenal Omella ha estado recientemente en Roma y le han ratificado que (la reunión) es para el tema del seminario», ha subrayado.

Sobre el retraso en la presentación del informe del despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo, García Magán ha dicho que los obispos reunidos en la Asamblea Plenaria estudian aún este viernes qué decisión tomar. Ha señalado que Cremades se ha comprometido a entregar el informe el próximo 15 de diciembre y que ahora lo que tienen en la CEE es «un avance provisional». En este sentido, ha explicado que el pasado día 17 recibieron cuatro documentos (ninguno de ellos el informe), uno de ellos un borrador sujeto a cambios y tres anexos.  

Informe del Defensor del Pueblo

En un informe reciente sobre abusos sexuales en el seno de la Iglesia elaborado por el defensor del pueblo la institución recogió los testimonios de 487 víctimas, pedía crear un fondo estatal para compensarlas y denunció cómo la jerarquía católica negó y minimizó l problema durante mucho tiempo.

Días después, el presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella, negaba la «veracidad y fiabilidad» de los resultados de la encuesta del Defensor del Pueblo sobre abusos sexuales en la Iglesia y pedía una revisión «exhaustiva e imparcial» de los datos para corregir «cualquier sesgo que pueda haber sido extrapolado de manera maliciosa». Sí  reconoció que el informe llenó «de tristeza» a los obispos.



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