La Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos aprobó el pasado miércoles 28 de julio el presupuesto de operaciones extranjeras del Departamento de Estado para el año fiscal 2022, el cual inicia el 1 de octubre de 2021 y finaliza el 30 de septiembre del siguiente año.
En este, se establece que el combate a la corrupción, así como otras 8 características que apuntan al fortalecimiento institucional en el Triángulo Norte, serán precondiciones para el grueso de la cooperación que se pueda enviar a Guatemala, Honduras y El Salvador.
De no cumplir con estos requisitos, estos gobiernos perderían acceso a fondos de asistencia estadounidense, los cuales podrían ser redirigidos a organizaciones de sociedad civil.
Esto es consistente con la cruzada de Washington de posicionar el combate a la corrupción como una de sus prioridades principales en su relación con el Triángulo Norte.
Esto, pues la corrupción es, según diagnósticos realizados en Estados Unidos, uno de los principales factores que empuja a miles de personas a emprender el viaje a Estados Unidos de manera irregular.
Presupuesto contempla asistencia internacional
Este presupuesto, que ronda los 9,477 millones, incluye gran parte de la asistencia que Estados Unidos da a los diferentes países del mundo. Estos fondos deben ser aprobados por el Congreso y filtrados inicialmente por el comité de Medios y Apropiaciones.
La sección 7045 de este documento avalado por la Cámara de Representantes se titula “Centroamérica” y establece un fondo de $860.6 millones para Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.
La prioridad principales de este presupuesto de cooperación es contener el fenómeno de la migración irregular de ciudadanos centroamericanos hacia territorio estadounidense.
La asistencia a estos países “debe priorizar programas y actividades que aborden los factores clave que contribuyen a la migración irregular, particularmente de menores no acompañados, a los Estados Unidos”, reza parte del texto de la iniciativa 4373.
Estados Unidos considera que este éxodo masivo se alimenta por la corrupción que desvía fondos para los más vulnerables, así como la débil institucionalidad democrática, la falta de crecimiento y oportunidades, y la creciente inseguridad y criminalidad.
Asimismo, se establece que no menos de $60 millones deben ir destinados exclusivamente a financiar entidades y actividades que combatan la corrupción y la impunidad, incluyendo fortalecimiento a las fiscalías generales.
Condiciones
Para el caso del Triángulo Norte, estos fondos de cooperación traen consigo una precondición importante, sin la cual no se podrá desembolsar la mayoría de estos recursos.
Según el apartado TRIÁNGULONORTE del presupuesto de Operaciones Extranjeras aprobado, el 75% de estos solo podrá ser entregado a Honduras, Guatemala y El Salvador después que el secretario de Estado certifique y reporte al comité de Medios y Apropiaciones de la Cámara de Representantes que los países beneficiarios cumplen nueve requisitos.
El principal es combatir la corrupción y la impunidad, incluyendo la investigación y persecucion de funcionarios de gobierno, personal militar y oficiales policiales creíblemente vinculados a la corrupción.
Además, se exige implementar programas para fortalecer el Estado de derecho, la transparencia y la independencia judicial, así como elecciones libres y limpias.
Este último ha sido un punto débil del Triángulo Norte, que convive constantemente con intentos por limitar el acceso a la información y donde las instituciones que combaten el mal uso de recursos públicos han sido limitadas significativamente o eliminadas.
En el caso local, se dio fin a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), que había remitido a la Fiscalía al menos 12 casos de presunta corrupción en al menos 5 instituciones vinculados a los gastos de atención a la pandemia de covid-19.
Además, la Asamblea de mayoría oficialista removió ilegalmente al fiscal general y lo reemplazó por uno afín al Ejecutivo, que no ha dado seguimiento a los casos enviados por la CICIES. El gobierno también ha ignorado la Lista Engel y, en cambio, ha intentado generar distractores y priorizar persecución política de actores del pasado.
En Guatemala, la fiscal general Consuelo Porras removió al jefe de la unidad antiimpunidad, Juan Francisco Sandoval, un actor fundamental en la lucha contra la corrupción. Por otro lado, no se dio seguimiento a los avances dejados por la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH).
En el presupuesto también se exige el respeto y la protección de actores clave en la transparencia, como defensores de derechos humanos, periodistas, miembros de la sociedad civil, opositores y miembros de sindicatos.
“La Cámara de Representantes aprobó el presupuesto de Operaciones Exteriores, que incluye nuevas medidas de rendición de cuentas para asegurar que la ayuda a Guatemala, El Salvador y Honduras llegue a la gente que busca ayudar”, dijo al respecto la congresista Norma Torres.
Violencia y pobre crecimiento
Además de exigir combatir el mal uso de recursos, Estados Unidos exigirá combatir la criminalidad, así como reducir el involucramiento de personal militar en tareas de seguridad pública y es imperativo prevenir la violencia sexual y de género.
Otra condición es reducir la pobreza y generar empleos, lo que incluye fortalecer el capital humano por medio de invertir en educación y programas vocacionales. EE. UU. también requerirá mejorar el clima de negocios.
La seguridad fronteriza también es esencial para el país norteamericano, que pide combatir el tráfico de personas y drogas, así como el contrabando. Además, el Triángulo Norte deberá informar a sus ciudadanos del peligro de emprender el viaje de forma irregular a Estados Unidos.
Si no se certifica el cumplimiento de estos requisitos, la asistencia deberá reprogramarse a organizaciones no gubernamentales alineadas a combatir la corrupción y defender la democracia o a otros países.
