Grandes empresas del agro a favor del uso de glifosato, un agroquímico considerado nocivo para la salud humana y el medio ambiente, han desatado una guerra judicial en contra del Gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), tras la publicación de un decreto que establece que el herbicida será erradicado de forma progresiva.
A través de amparos, estas corporaciones pretenden invalidar el decreto presidencial. El Poder Judicial se ha convertido en el último resquicio de las empresas que no están dispuestas a abandonar el uso del agroquímico patentado por Monsanto y que fue introducido al mercado en 1974.
El decreto ha puesto al Gobierno de México en una encrucijada, pues los fundamentos que han justificado la toma de decisiones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para negar permisos de importación, entran en contradicción con los lineamientos que se establecen en la resolución presidencial.
En teoría, el decreto permite actualmente a empresas privadas el uso de glifosato, pues la restricción solamente es aplicable a la Administración pública federal, según se lee en el documento publicado el 31 de diciembre de 2020 en el Diario Oficial de la Federación.
Antes de este decreto, sin embargo, la Semarnat negó varias veces autorizaciones para la importación de glifosato tomando como base el principio precautorio para la prevención de riesgos de ocurrencia de daños graves e irreversibles a la salud humana y al medio ambiente.
Adicionalmente, la dependencia gubernamental fundamentó su negativa tomando como referencia la recomendación 82/2018 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), orientada a evitar el uso de plaguicidas de «alta peligrosidad».
Es aplicable para el glifosato, pues de acuerdo con la recomendación, existe «presunción fundada respecto de que su uso puede generar un daño medioambiental y a la salud irreversible».
Tomando en cuenta lo anterior es que la Semarnat argumentó su decisión de negar la autorización de permisos de importación. Sin embargo, el decreto del presidente López Obrador sobre el glifosato no plantea de facto una prohibición a particulares, sino que indica que su uso deberá reducirse de forma progresiva hasta lograr su erradicación total en una fecha que no podrá ser posterior al 31 de enero de 2024.
Así las cosas, el decreto terminó colocando al presidente mexicano ante su propio laberinto, pues permitir a empresas privadas el uso de este agroquímico contradice el principio precautorio para la prevención de riesgos, así como la recomendación de la CNDH.
Por otra parte, en caso de que se decida negar autorizaciones para la importación de glifosato, no se estaría respetando el decreto, donde en ningún lado se indica que empresas privadas tengan prohibido comprar el agroquímico en el exterior.
Es decir, los fundamentos que han guiado la política de la Semarnat sobre el glifosato durante el último año y medio chocan con los lineamientos contenidos en el decreto presidencial publicado hace cuatro meses.
En la práctica, esta contradicción se ha traducido en el incumplimiento de los términos establecidos en el decreto del presidente, denuncian empresarios vinculados al sector agrícola. Aunque en el decreto no se prohíbe, acusan, en los hechos la Semarnat dejó de otorgar permisos para la importación del herbicida.
Estrategia legal contra el decreto presidencial
Empresarios de la agroindustria que promueven el uso de glifosato han iniciado una batalla judicial en contra del Gobierno. A través de amparos buscan echar abajo el decreto presidencial, un documento cuyos términos, aseguran, no se están respetando.
El pasado 19 de abril la empresa Bayer-Monsanto obtuvo una suspensión provisional de un juez contra el decreto. Y se espera que el próximo 7 de mayo se emita un dictamen definitivo.
Entre tanto, la Semarnat informó a través de un comunicado que interpuso un recurso de queja donde, señala, la suspensión temporal no aplica porque el decreto no va en contra de leyes, decretos, reglamentos o disposiciones de observancia general.
Adicionalmente, explica la Secretaría a cargo de María Luisa Albores, el decreto no se aplica a particulares sino a la Administración pública federal, mientras que el principio de precaución al que se hace referencia en el decreto corresponde a la prevención de daños graves o irreversibles.
Silvia Ribeiro, directora para América Latina del Grupo ETC y una de las investigadoras más reconocidas en agricultura y medio ambiente, sostiene que los amparos contra el decreto son un «intento por dejar sin efecto el proceso de transición para el uso de alternativas agroecológicas» impulsado por el Gobierno. Las empresas, asegura, se están amparando como una «medida de prevención» ante el intento de erradicar el uso del agroquímico.
El Consejo Nacional Agropecuario (CNA), uno de los siete organismos cúpula del Consejo Coordinador Empresarial y que, según sus cifras representa un 75% de las exportaciones agrícolas, se ha conformado como uno de los principales grupos opositores al decreto.
En entrevista con RT, Rogelio García Moreno, vicepresidente agrícola de la organización, admite que el CNA y sus socios ya tienen articulada una estrategia legal para plantar cara a las iniciativas promovidas por el presidente López Obrador para erradicar el uso de glifosato.
La estrategia está a cargo del despacho Conesa Labastida y Asociados, dirigido por Luisa Conesa Labastida, una abogada que ya cuenta con experiencia en presentar acciones de inconstitucionalidad contra las iniciativas del mandatario.
«Decidimos que era necesario organizarnos y buscar, en el marco de la ley, convencer a la opinión pública de que el glifosato no representa un peligro como se ha venido argumentando desde este Gobierno que, hay que decirlo, ha sido objeto de presiones por parte de movimientos ambientalistas», asevera el vicepresidente agrícola del CNA.
En este sentido, explica García Moreno, los amparos refutan las afirmaciones contenidas en el decreto del presidente López Obrador, donde se apunta que el herbicida tiene «efectos nocivos» para la salud de personas y animales, además de ser considerado un «probable cancerígeno» en humanos, citando investigaciones de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés).
Otro aspecto a tomar en cuenta, resalta, es que el Gobierno de México no está cumpliendo con los lineamientos del decreto publicado en diciembre del año pasado pues, asegura, las autorizaciones para importar glifosato se dejaron de otorgar de tajo, y no de manera progresiva como se había prometido.
«En los últimos meses el Gobierno del presidente AMLO no nos ha dado un solo permiso para la importación de glifosato o de material técnico para elaborarlo (…) no es cierto que apenas desde este año (como consecuencia del decreto) se empezaron a reducir los volúmenes de importación, desde hace mucho tiempo dejaron de dar autorizaciones«.
De acuerdo con datos de una solicitud de acceso a la información presentada ante la Semarnat a la que tuvo acceso RT, las cantidades y volúmenes autorizados para la importación de glifosato se han venido reduciendo durante el Gobierno de López Obrador.
Durante 2018 la cantidad autorizada para importar glifosato en estado sólido fue de 39.412 toneladas, mientras el volumen permitido para importar glifosato formulado fue de 41.604 kilolitros. En contraste, a lo largo de 2019 la cantidad y volumen autorizados para la compra del agroquímico en el exterior fue de 20.662 toneladas y 25.000 kilolitros respectivamente.
