El panorama en Myanmar tras el golpe de Estado del pasado primero de febrero es cada vez peor. Represión por parte de las fuerzas de seguridad, disparos contra manifestantes, detenciones de ciudadanos, incluso periodistas, cortes del servicio de internet y denuncias de la liberación de presos para infundir pánico en los vecindarios durante las noches, son parte de la crisis actual en varias ciudades del país.
En Myitkyina, capital del estado Kachin, en el norte de la nación, cientos de personas se congregaron este domingo para protestar frente a la sede de Buga Electricity, la compañía que provee energía eléctrica a cerca de cinco millones de personas en la ciudad, debido a los rumores del cese en el servicio como parte de las medidas de represión lanzadas por el Ejército en los últimos días.
Caída la noche, los soldados lanzaron gases lacrimógenos y luego dispararon contra la multitud. Un reportero que informaba desde el lugar dijo que no estaba claro cuántas personas resultaron heridas.
Posteriormente, «cinco periodistas que cubrían la protesta frente a la oficina de electricidad de Buga en Myitkyina fueron arrestados», aseguró The 74 Media, un medio de comunicación con sede en la ciudad. El periodista de ese medio fue forzado a interrumpir su transmisión en vivo, mientras era arrestado.
Imágenes de usuarios en redes sociales mostraron a decenas de residentes de Yangon, la segunda ciudad más grande del país, realizando patrullajes en sus vecindarios.
Los ciudadanos denuncian que, en los últimos días, las autoridades han liberado a decenas de criminales de las cárceles para infundir una campaña de pánico durante las noches, mientras la junta de Myanmar advierte al público que no esconda a manifestantes fugitivos.
«Si encuentra a los prófugos mencionados anteriormente o si tiene información sobre ellos, preséntese en la estación de policía más cercana (…) Aquellos que los reciban enfrentarán acciones de acuerdo con la ley», señaló un aviso en los medios estatales este domingo.
Entre la lista de fugitivos está Min Ko Naing, quien pasó más de una década en prisión por ayudar a liderar protestas en 1988, durante el periodo anterior de dictadura militar, mientras era estudiante universitario.
Los residentes de algunas zonas urbanas han comenzado a formar brigadas de vigilancia para monitorear sus comunidades durante la noche, para evitar los arrestos de sus habitantes que participan en el movimiento de desobediencia civil.
Al menos 400 personas han sido detenidas desde que los militares volvieron a tomar el poder a la fuerza, según indicó el grupo de monitoreo de la Asociación de Asistencia a Presos Políticos.
El miedo al arresto no impidió que las grandes multitudes regresaran a las calles de todo el país. La presencia de vehículos militares blindados que se abrieron paso a plena luz del día entre el tráfico y la nueva orden de cortar el servicio de internet avivaron las tensiones en el noveno día consecutivo de protestas.Cientos de manifestantes desafiaron a la junta militar que el sábado eliminó derechos fundamentales para facilitar y aumentar las detenciones y los registros en viviendas en busca de activistas. Las nuevas disposiciones contemplan seis meses de prisión por violar la prohibición de reuniones de más de cinco personas e imponen un toque de queda diario desde las 8 p.m. hasta las 4 a.m.
En la ciudad sureña de Dawei, siete oficiales de policía rompieron filas para unirse a los manifestantes antigolpistas, en un reflejo de los informes de los medios locales sobre deserciones aisladas de la fuerza pública en los últimos días.
