Más de 2.000 privados de libertad en Honduras padecen de enfermedades terminales y de base, mismos que integrantes de grupos defensores de derechos humanos piden a las autoridades sean puestos en libertad.
El miembro del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras, Hugo Maldonado considera que el Congreso Nacional (CN) y el Instituto Nacional Penitenciario (INP) podrían dar pase a la excarcelación y no sería favorecer delincuentes si no actuar conforme a la situación del país por la pandemia del COVID-19 a manera de preservarles la vida.
«Un cambio de medidas» es lo que cabría en referencia a los privados de libertad con enfermedades terminales y de base, según organizaciones de los derechos humanos.
