Los bares y restaurantes del País Vasco podrán reabrir desde este miércoles, pese a la orden del Gobierno vasco de cerrar estos locales en aquellos municipios con una alta incidencia de contagios de la covid-19. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha aceptado este martes la petición de las asociaciones de hostelería de suspender cautelarmente la medida, al entender la Sala de lo Contencioso Administrativo que su actividad “no aparece en este momento como un elemento de riesgo cierto y grave para la salud pública”, como defendía el Ejecutivo autónomo al ordenar el cierre.
La resolución judicial supone un revés para el Gobierno vasco, que entre sus medidas más restrictivas adoptadas a mediados de enero pasado incluyó la prohibición de abrir los bares y restaurantes en las localidades con una incidencia acumulada igual o superior a los 500 casos por cada 100.000 habitantes. En esta situación se encontraban 84 municipios, 46 de más de 5.000 habitantes (incluidas las capitales, Vitoria, Bilbao y San Sebastián), y 38 de menos de 5.000 vecinos.
Las tres asociaciones de hostelería de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa presentaron ante el Superior de Justicia vasco un recurso contra el decreto del lehendakari, Iñigo Urkullu, aprobado el 10 de diciembre (y prorrogado el 22 de enero), que entre otras restricciones impedía la actividad hostelera en los municipios que se encuentran en alerta roja. La resolución adoptada este martes, tras recibir un día antes las alegaciones del Gobierno vasco, permite de forma cautelar reabrir los bares y restaurantes. El tribunal sostiene que con las limitaciones de aforo y con medidas sanitarias como el uso de mascarillas y la distancia social, la actividad hostelera “no parece un elemento de riesgo cierto y grave para la salud pública”.
El Gobierno vasco argumenta que a partir del pasado 27 de diciembre, en plenas Navidades, se produjo una escalada en la propagación del virus que ha llevado a una alta incidencia en la actualidad, por lo que estaba justificada la restricción impuesta a los establecimientos de la hostelería. El auto del tribunal concluye que “no aparece con claridad la influencia de la apertura de los establecimientos hosteleros con el elevado nivel de incidencia del virus tras la celebración de la Navidad”.
Nada más conocerse esta decisión, el portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, ha asegurado que la resolución de los jueces carece de “seguridad jurídica” para adoptar las medidas necesarias. Ha opinado que se abre de nuevo el debate sobre la “capacidad real” que tienen los poderes autonómicos para adoptar medidas para frenar la expansión de la pandemia. También ha querido precisar que el auto “no entra en el fondo de la cuestión”, que será algo que el TSJPV deberá aclarar después.
El Gobierno de Urkullu tiene desde este miércoles cinco días de plazo para impugnar la resolución judicial. Esta es la tercera vez que los jueces echan atrás otras tantas decisiones tomadas por el lehendakari durante la pandemia. En agosto de 2020, el alto tribunal vasco suspendió la norma que obligaba a cerrar a la 1.30 los locales de ocio nocturno. Dos meses después, en octubre, la misma sala no autorizó la limitación a seis personas de los encuentros sociales en lugares públicos y privados al considerar que vulnera derechos fundamentales y no tiene cobertura legal. Esto llevó a Urkullu a solicitar al presidente del Gobierno que decretara un nuevo estado de alarma que diese cobertura jurídica a las restricciones de los Ejecutivos autonómicos.
