La Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados de Chile comenzará a debatir el próximo miércoles un proyecto que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación.
La discusión parlamentaria se realizará en medio de una amplia expectativa de los feminismos en la región, ya que se abre solo dos semanas después de que el Senado de Argentina aprobara el aborto legal y convirtiera a ese país en el sexto de América Latina, después de Cuba, Puerto Rico, Guyana, Guyana Francesa y Uruguay, en reconocer este derecho.
El proyecto en Chile implica cambios en tres artículos del Código Penal, ya que hasta ahora el aborto solo está despenalizado si el embarazo es producto de una violación, si la vida de la mujer está en peligro o si hay inviabilidad fetal.
A la espera de que se produzca un «efecto cascada«, Chile será el primer país que debatirá la despenalización después de la histórica batalla que ganó el movimiento de mujeres de Argentina y que obligó a varios mandatarios latinoamericanos a expresarse públicamente en torno a un tema que suele polarizar a las sociedades.
De acuerdo con la citación parlamentaria, además del aborto, también se iniciará la discusión de una iniciativa que establece la calidad recíproca de carga familiar entre ambos cónyuges para efectos de las prestaciones de salud que otorga la ley.
Los cambios
El Artículo 342 del Código Penal de Chile advierte que quien «maliciosamente» cause un aborto será castigado «con pena de presidio mayor en su grado mínimo», si ejerciera violencia en la persona de la mujer embarazada; con la de «presidio menor en su grado máximo», si, aunque no la ejerza, obre sin consentimiento de la mujer; y con la de «presidio menor en su grado medio», si la mujer consiente la interrupción.
«Será castigado con presidio menor en sus grados mínimo a medio, el que con violencias ocasionare un aborto, aun cuando no haya tenido propósito de causarlo, con tal que el estado de embarazo de la mujer sea notorio o le constare al hechor», añade el Artículo 343, en tanto que el 344 establece que la mujer que, fuera de los casos permitidos por la ley, cause su aborto o consienta que otra persona se lo practique, será castigada con presidio menor en su grado máximo.
«Si lo hiciere por ocultar su deshonra, incurrirá en la pena de presidio menor en su grado medio», agrega. Finalmente, el Artículo 345 advierte que «el facultativo que, abusando de su oficio, causare el aborto o cooperare a él, incurrirá respectivamente en las penas señaladas en el art. 342, aumentadas en un grado».
El proyecto que discutirá la Comisión de Mujeres y Equidad de Género propone modificar la redacción de estos artículos, para agregar que las penalizaciones solo rigen en caso de que el aborto se realice «después de las catorce semanas de gestación».
En el debate inicial participarán Gloria Maira, representante de la Mesa por el aborto; Camila Maturana, por parte de la Corporación Humanas; ambas representantes de la sociedad civil, y las diputadas señoras Karol Cariola, Natalia Castillo, Daniella Cicardini, Cristina Girardi, Claudia Mix, Emilia Nuyado, Maite Orsini, Camila Rojas, Camila Vallejo y Gael Yeomans, autoras de la iniciativa.
También se invitó a la Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Zalaquett Said, quien es conocida por su conservadurismo y rechazo absoluto al aborto, incluso en el caso de menores de edad violadas.
Una larga lucha
En 2017, Chile dejó de ser uno de los pocos países de América Latina que prohibía por completo el aborto.
Fue el año de «las tres causales» (violación, inviabilidad del feto y peligro de vida de la mujer) propuestas por el movimiento de mujeres, con el apoyo de la expresidenta Michelle Bachelet, y que fueron aprobadas primero por el Congreso y luego ratificadas por el Tribunal Constitucional.
Hasta entonces regía la punibilidad absoluta, gracias a una resolución impuesta por el fallecido dictador Augusto Pinochet, quien eliminó la posibilidad de interrumpir el embarazo por peligro en la salud de la mujer con base en la firma de dos médicos, y que la legislación permitió hasta 1989.
En 2018, las feministas chilenas intensificaron su militancia por la despenalización plena del aborto, al considerar que las tres causales ya no bastaban porque seguían limitando este derecho.
Aunque a fines de ese año el estallido social que puso en vilo al gobierno de Sebastián Piñera fue el tema predominante, muy pronto se combinó con las luchas feministas, tanto, que rumbo al plebiscito del pasado 25 de octubre que avaló la redacción de una nueva Constitución se estableció que tendría que haber paridad de género entre los convencionales constituyentes que serán elegidos el próximo 11 de abril.
El camino hacia la despenalización no será fácil, como no lo ha sido en ninguna parte, y como lo prueba el hecho de que, tres años después de que se aprobaran las tres causales, el 51 % de los obstetras del sistema público se declara objetor de conciencia para negarse a practicar abortos por violación, a lo que se suma la falta de información a las mujeres sobre sus derechos sexuales y reproductivos.
Así lo reveló en un informe la organización Humanas, que destacó el caso de la ciudad de Osorno, ubicada en el sur del país, que tiene una población de 140.000 habitantes, y en la cual 17 de los 18 obstetras del servicio de salud objeta la causal de violación sexual, lo que prácticamente imposibilita el acceso a este derecho. CortesíaRT.
