Las campañas presidenciales de Bolivia están al rojo vivo. Y no es metáfora, ya que los incendios forestales se transformaron en tema central del país a solo mes y medio de los comicios que se realizarán el 20 de octubre y en los que el presidente Evo Morales busca su tercera reelección.
Hasta ahora, de acuerdo con las encuestas publicadas, Morales avanza cómodo en el primer lugar, aunque no con un nivel suficiente para garantizar su triunfo en primera vuelta. Por eso, el impacto electoral de la crisis por los incendios, que incluso tuvo repercusión internacional, será decisivo para inclinar la balanza a su favor o en contra.
El 20 de octubre, 7,2 millones de bolivianos están convocados a elegir presidente y vicepresidente para el periodo 2020-2025, más 130 diputados y 36 senadores. Entre las nueve fórmulas presidenciales registradas, Morales lidera los sondeos con un rango de intención de voto que va del 34 % al 43 %. Carlos Mesa, el expresidente reconvertido en principal opositor con su alianza Comunidad Ciudadana, tiene del 22 % al 28 %. En tercer lugar, el senador Óscar Ortiz registra del 9,0 % al 13 %.
Para ganar ese día, Morales necesita obtener el 50% más uno de los votos. O el 40%, pero con una diferencia del 10% frente a su competidor más cercano. De lo contrario, habrá una segunda vuelta el 15 de diciembre, instancia en la que Masa apuesta al triunfo.
Los escollos del oficialismo
En la campaña oficialista pervive el recuerdo y la confianza de anteriores e indiscutibles victorias. En 2002, en su primera candidatura presidencial, Morales perdió en la segunda vuelta, pero en 2005 ganó con el 53,72 % de los sufragios, y en 2009 se reeligió con el 64,22 %. En 2015, repitió el triunfo con el 63,36 %.
Hoy, ninguna encuesta acerca al Movimiento al Socialismo a las cifras que le permitieron ganar tres veces de manera consecutiva en primera vuelta.
El panorama se complicó con los incendios de la Chiquitanía, una región ubicada en el sur del país, y que fueron usados por los opositores para criticar al presidente, y por el presidente para hacer campaña.
Los reflectores internacionales estaban centrados en los incendios del Amazonas brasileño, pero de a poco voltearon hacia esta zona boliviana en la que hay miles de damnificados y está amenazada la supervivencia de 1.200 especies, más 1,2 hectáreas de bosque quemadas, 339 hectáreas de cultivo dañadas, 9,5 millones de dólares de pérdidas en la actividad ganadera, afectación en el sector turístico y daños incalculables en pinturas rupestres. El saldo es provisional porque los incendios continúan, aunque la atención mediática disminuyó.
La campaña que arde
Desde que se visibilizó la tragedia ambiental en Bolivia, la oposición, encabezada por Mesa, y diversas organizaciones sociales culparon a Morales por haber promovido leyes que incentivan la quema de bosques para ampliar fronteras agrícolas, con el fin de incrementar la producción ganadera. Desde el gobierno rechazaron cualquier responsabilidad y respondieron que el fuego se había propagado por los vientos y la sequedad del clima.
Con la crisis en su apogeo, Morales trató de apagar el fuego. Otra vez, sin metáfora. El presidente viajó a comunidades afectadas, se puso traje y mochila antiincendios y lanzó chorros de agua en tierras humeantes, abrazó a damnificados, construyó bebederos para animales silvestres en peligro y anunció toneladas de ayuda humanitaria. Siempre, acompañado de periodistas y con una amplia difusión de fotos y videos oficiales en los medios de comunicación.
La reacción de Mesa fue implacable: «Ojalá sus ‘shows mediáticos’ valieran para salvar todo lo que Bolivia ha perdido en la mayor catástrofe ecológica de la Chiquitanía. La pausa es ponerle una ‘curita‘ a una herida enorme de consecuencias incalculables. El presente juzgará como culpable a Evo Morales», escribió en Twitter el principal candidato opositor, quien no quiso quedarse atrás y fue a las zonas afectadas para ser retratado hincado, con mangas arremangadas y mirando con tristeza el suelo quemado.
En respuesta, el oficialismo le recordó a Mesa que, cuando fue presidente, su gobierno dio escasa solución a los incendios que cada año se registran en la región.
Un balance positivo
Más allá de la catástrofe ambiental, Morales confía en que el balance de sus 13 años de gobierno será suficiente para convencer a los indecisos y ganar las elecciones el 20 de octubre.
Porque ese balance tiene múltiples aspectos positivos.
El más importante es la reducción de la pobreza lograda por el primer presidente indígena que ha tenido un país en el que conviven 36 pueblos originarios, y que durante décadas fue el más pobre de la región.
Desde que Morales comenzó a gobernar, la pobreza moderada disminuyó más de la mitad al pasar del 70,1% al 36,4%. La caída de la pobreza extrema fue todavía más drástica: del 37,7% al 17,1%. El crecimiento económico ha sido constante, con un promedio anual de 4,8%. La redistribución también avanzó y permitió que más de tres millones de bolivianos transitaran de la pobreza a la clase media. Es el país que registra los mejores y más sostenidos avances sociales de América Latina y la estabilidad política y económica ha sido el sello de los últimos años.
Morales, ex líder cocalero, también puede presumir algunos resultados de sus políticas en materia de narcotráfico en el país que es el tercer productor mundial de cocaína. El presidente terminó con la represión a los campesinos (sus compañeros de lucha), elevó a nivel constitucional el respeto al uso ancestral de la hoja de coca, echó a la DEA del país y, a pesar de que dejó de recibir los millonarios fondos que Estados Unidos enviaba a cambio de imponer políticas, logró reducir en un 16 % el cultivo de hoja de coca. Sus políticas de drogas, sin embargo, adolecen de un alto grado de punitivismo que sigue afectando a los eslabones más bajos del negocio narco.
Los avances sociales del gobierno de Morales contrastan con la polémica provocada por el referendo que él mismo promovió el 21 de febrero del año pasado, y en el que los bolivianos debían avalar o rechazar una reforma constitucional para permitir su cuarta candidatura presidencial, que hasta entonces estaba prohibida por ley.
